Por ello proponemos:

Una profunda transformación de nuestra vida política, en la que tanto los poderes públicos, como los ciudadanos reconozcan la necesidad de una regeneración de una conciencia moral, cuyo ejercicio pueda considerarse racional y no sectario. Para ello como instrumento para lograrlo se hace necesaria una reforma educativa y que esta se haga no desde un partido, sino por pacto de Estado, así como que se incluya en la misma una asignatura de introducción a la vida política titulada «La Constitución».
Pero también precisamos una serie de reformas parciales y necesarias que corrijan los graves defectos de funcionamiento de nuestra vida política. Proponemos:

1. Modificación de la ley de financiación de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y que evite la falta de control de la financiación de todos sus ingresos y gastos.

2.Una regulación de las competencias y procedimientos del Tribunal de Cuentas a fin de que éste pueda fiscalizar sin las dilaciones actuales las finanzas de los partidos y cargos políticos.

3.Introducción de nuevos procedimientos judiciales a fin de evitar que la resolución sobre los casos de corrupción política y otros se eternicen en el tiempo.
4.Una ley de transparencia y buen gobierno de las Administraciones públicas, que permita que el ciudadano pueda saber los proyectos de gastos, y cómo y en qué se han gastado sus impuestos sin mas exclusión que la seguridad nacional.
5.Una reforma del régimen jurídico de la Función pública que potencie, con carácter prevalente, la utilización ordinaria y común de los funcionarios de carrera, siendo excepcional y motivada la figura del personal eventual y de confianza.

6. Una reforma que dote de independencia en su funcionamiento al Consejo General del Poder Judicial, cuyo nombramiento ha de exceder en tres veces (4+4+4= 12 años) la duración de quienes los nombran (4 años).

7. Una reforma del Tribunal Constitucional en la que el nombramiento posea carácter vitalicio; y en la que el número de sus miembros sea impar, con la finalidad de suprimir el voto de calidad de su Presidente.

8. Una mayor transparencia de las regulaciones legales sobre los Registros patrimoniales y de intereses de los cargos públicos de todos los Órganos políticos y Administraciones públicas.

9. Creemos necesario un cambio del sistema electoral vigente.
La reforma debe ir dirigida a alcanzar los siguientes objetivos:
Establecer la democracia interna de los partidos;
Evitar el divorcio progresivo entre partidos y sociedad;
Procurar un equilibrio entre representación y gobernabilidad;
Personalizar la relación entre elector y elegido de modo que la relación entre ellos sea auténticamente representativa y no una ficción como ahora.
Por ello proponemos adoptar el sistema electoral combinado o mixto donde cada elector vota a un candidato para su distrito o circunscripción unipersonal en la que están registrados.

Sólo una vez realizados estos cambios legales, podríamos acometer las reformas constitucionales que son imprescindibles para mejorar el funcionamiento del Estado de las Autonomías.

Granada, Febrero de 2013