La investigación de Álvaro García Ortiz: Un desafío a la independencia del poder judicial
La reciente investigación de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por el Tribunal Supremo ha suscitado un debate que pone en tela de juicio uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático: la independencia judicial. Este acontecimiento, inédito en la historia democrática de España, ha generado una importante reflexión sobre la relación entre el poder judicial y los responsables de su funcionamiento, en un contexto marcado por las polémicas y la división política.
Álvaro García Ortiz, nombrado fiscal general en 2022, está siendo investigado por revelación de secretos en relación con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se le acusa de difundir información relacionada con el presunto fraude fiscal del empresario, lo que ha generado una querella que el Tribunal Supremo ha decidido investigar. Este hecho, sin precedentes, coloca a García Ortiz como el primer Fiscal General en Democracia que es imputado por el Tribunal Supremo, una circunstancia que pone en cuestión no solo su actuación, sino también su capacidad para continuar al frente de una de las instituciones más relevantes del Estado.
¿Independencia comprometida?
Uno de los puntos centrales de este caso radica en las numerosas críticas que García Ortiz ha recibido desde su nombramiento. Desde su llegada al cargo, fue señalado por su cercanía a su predecesora, Dolores Delgado, lo que generó sospechas sobre su independencia y su capacidad para ejercer el cargo de manera imparcial. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo consideró «no idóneo», afirmando que había hecho un uso «espurio» de sus poderes, lo que contribuyó a una imagen de servilismo hacia el Gobierno que ha erosionado su credibilidad.
La investigación por revelación de secretos no es el único episodio polémico que ha enfrentado. Su negativa a informar al Senado sobre la Ley de Amnistía, alegando que podría «distorsionar el debate jurídico», fue duramente criticada, incluso por dentro de la propia Fiscalía. La Asociación de Fiscales (AF), junto con un grupo de fiscales del Tribunal Supremo, cuestionaron su decisión y redactaron su propio informe, considerándola «manifiestamente inconstitucional»
El epicentro de esta imputación se sitúa en el caso de Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal. La divulgación de información sobre el acuerdo de conformidad que González Amador ofreció a la Fiscalía, en el que aceptaba su responsabilidad y proponía una pena reducida, fue la chispa que encendió la querella por revelación de secretos. García Ortiz asumió públicamente la responsabilidad por la nota de prensa que divulgaba estos datos, justificando que su objetivo era «desmentir bulos» en los medios. Sin embargo, esta decisión ha sido percibida como un uso indebido de su cargo para influir en la percepción pública del caso, algo que vulneraría la neutralidad que debe garantizar su posición.
Esta situación reaviva el debate sobre el uso de la Fiscalía como instrumento político. Aunque la Constitución Española establece que la Fiscalía General debe actuar con independencia del Gobierno, este caso evidencia cómo las fronteras entre la política y la justicia pueden verse comprometidas cuando se utilizan las instituciones para fines ajenos a la imparcialidad.
El peligro de politizar la justicia
Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es la percepción generalizada de que la justicia está siendo politizada. La independencia judicial es uno de los principios más importantes de la Constitución Española, y cualquier señal de que los responsables de su funcionamiento puedan estar sirviendo a intereses partidistas supone un ataque directo al sistema democrático. La imputación de García Ortiz subraya la necesidad urgente de reforzar la independencia de la Fiscalía, evitando que esta sea utilizada como herramienta para fines políticos.
Rodríguez-Zapata, en su reciente conferencia sobre «El asedio a la Constitución», advertía sobre los peligros de la politización del poder judicial y de la necesidad de reformar el sistema, incluyendo la figura del Fiscal General. Según el magistrado emérito, es fundamental que se asegure la plena independencia de esta figura, evitando nombramientos que puedan estar condicionados por antiguos cargos políticos, como es el caso de García Ortiz.
Estamos ante un hecho grave que pone en entredicho la independencia de una de las figuras más importantes de nuestro sistema judicial. Este caso debe servir como llamada de atención sobre la necesidad de reformas que refuercen la separación de poderes y garanticen que el poder judicial, incluido el Ministerio Fiscal, actúe con total imparcialidad y sin influencias políticas. Solo así será posible preservar la esencia de la Constitución Española y su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho.