Todo ello -medítese- a los setenta y cinco años del inicio del desastre colectivo, a los setenta y dos de la finalización de la contienda, a más de treinta y cinco años del fallecimiento del autócrata, y a casi treinta y tres de la aprobación de la vigente Constitución de la Concordia (se quiera o no) de 1978. El permanente recordatorio oficial facilita la cuenta. ¿A qué vendrá abrir costuras y cicatrices de sólo media parte de la nación a esta altura? Dice el historiador inglés R. Carr que “Habiendo sido ratificada en referéndum la Ley Orgánica [1967] y nombrado un sucesor […] el recuerdo de la guerra civil se iba borrando” (En “1939/1975. La época de Franco”, Espasa, Madrid, 2007, pág. 55). En el mismo sentido, J. P. Fusi: “Fue en los años sesenta cuando […] Franco tuvo que hacer frente a niveles de conflictividad […] en una sociedad que ya no estaba traumatizada por el recuerdo de la guerra civil […]” (Citado por Carr, ibidem, págs. 58, 59 y nota 49). ¿’Qui prodest’?…

Pero lo más censurable de la norma publicada, aparte de reincidir machaconamente en el vidrioso y delicado tema de la Guerra civil, se contiene en la inaceptable -como toda la disposición- Exposición de Motivos en la que el gabinete socialista intenta revestirse de autoridad para aprobar tan inicua norma. En efecto, creyéndonos a los ciudadanos memos o ignorantes (o las dos cosas, que el ‘think tank’ socialista no para en mientes) pretende basar el decreto en dos órdenes de ‘fundamentos’. Uno, de carácter jurídico-político. Alega el Gobierno socialista que le autoriza a la aprobación de la disposición “la lucha del pueblo andaluz por sus libertades y derechos” (sic). ¿De verdad que la Guerra civil se planteó en esos términos? Y, el otro, de inspiración jurídico-administrativa: que el Estatuto de Autonomía (¿para esto se aprobó?) le otorga competencia en materia de “singularidad de procedimiento y organización administrativos” (?). ¿Quién ha sido el prócer jurista que ha echado mano de tal argumentación para arropar el infame decreto? Indudablemente tiene tufo de un fundamentalista del régimen.

Lo peor es la fraudulenta elección, por parcial, maniquea y sectaria, que hace de la Historia. Lo triste, el atropello que lleva a cabo del espíritu de reconciliación de la Transición, pues el propio decreto comentado ordena extender sus efectos ¡hasta la entrada  en vigor de la Constitución! (29.12.1978). ¿También la Transición está en sospecha de guerracivilismo y de franquismo? Si así fuese, también habría que sospechar del Pacto constitucional de 1978. Burda revisión histórica, tendenciosa interpretación en consonancia con la contradictoria y desacertada expresión ‘memoria histórica’, más propia de un ‘TBO’, con todo respeto a aquellos maravillosos cuadernos de historietas con los que aprendimos mucho y bueno. Un partidista texto que reescribe la Historia de modo interesadamente parcial, injusto y arbitrario. ¿Dónde se ha visto que el político, el gobernante de una sociedad avanzada, democrática y plural, descabalgue a historiadores y redacte la crónica de una de las páginas más delicadas y trágicas de nuestra existencia como nación en imperdonable intrusismo con los Departamentos universitarios de Historia Contemporánea? Hay que remontarse a la China de Mao, a la Cuba castrista o a la Venezuela de Chávez para encontrar precedentes. Menudos modelos.

Es una desgracia para una tierra -con los peores indicadores económicos y sociolaborales- mantener políticos con ‘Audi’ blindados, chófer, guardaespaldas, ‘staff’ y sueldo de jeque árabe (en nombre del socialismo y del obrerismo), y que estén dedicados a torcer y recortar la Historia y a aprobar normas como el decreto ideológico 264/2011, de 2 de Agosto (BOJA del 12).

Una vergüenza.

(*) José Torné-Dombidau, Mercedes Moll de Miguel, José J. Jiménez, Juan Herrera, Luis M. Robles, C. J. Ruíz Cosano, E. de las Heras, J. Montoya, J. Barcelona, L. Moreno Quesada, J. Ramos e I. Cabrera.