En el BOJA nº 73 de 16 de abril de 2012, páginas 63 y 64, se publica una resolución de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la que se aprueban unas subvenciones de carácter excepcional, aunque no se sabe si porque se conceden por una sola vez o porque lo son en sí mismas, por poseer una finalidad extraordinaria. Entre las trece partidas que se conceden a los sindicatos mayoritarios, hermanos en la subvención y de clase –primera, claro está-, sólo destacaremos las cuatro de mayor cantidad, las dos primeras concedidas a UGT-A y las otras dos a CC.OO.-A. Veámoslas: 1ª 424.999,99 euros para la “mejora de las capacidades organizativas y de incidencia política del movimiento sindical en América”, aunque el país de destino sea Costa Rica; 2ª 399.999,93 euros para “información y capacitación en la Coordinadora de Centrales Sindicales Andinas”, y el país que lo recibe Bolivia; 3ª 229.154,58 euros para la “incorporación de la equidad a la acción sindical en salud laboral en Centroamérica. El caso de las máquinas y las bananeras”, y esto le toca a El Salvador, y 4ª 220.369,72 euros para el “fortalecimiento de las estructuras de las centrales pertenecientes a la coordinación de centrales sindicales andinas para la afiliación y cotización”, aunque esta vez se reparte entre Venezuela -¿lo sabrá Chávez?-, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, país que recibe doble ayuda, quizá por el enorme trabajo desplegado en la nacionalización de Red Eléctrica Española.

Este gasto se publicó un mes antes de que se anunciase, hace un par de días, una nueva rebaja en los emolumentos de los 260.000 empleados públicos andaluces con la finalidad de cumplir con la exigencia constitucional de contención del déficit público. Parece evidente que nadie se opone a que en tiempos de crisis se disminuyan los gastos de las administraciones públicas. Podrá discutirse si tales medidas deben limitarse a la austeridad o si deben ser acompañadas de otras que evitasen la profundización en la recesión que las primeras implican. También podrá discutirse si tales medidas de limitación de gasto han de recaer sobre los funcionarios o bien podrían adoptarse otras relativas a la consecución de una mayor racionalización de tales administraciones como por ejemplo la reducción del número de municipios o la disminución de las competencias de las Diputaciones. Todo eso es cuestionable aunque nadie se oponga a la necesidad de la adopción de medidas extraordinarias.

Sin embargo resulta discutible por contradictorio que en un tiempo de disminución del gasto se aprueben partidas importantes con una finalidad más que rechazable. No hace falta mencionar las cifras de los céntimos -99, 93, 58 y 72-, que quizá encierren una simbología propia de la cábala o tengan que ver con algún tipo de sorteo. Sólo hay que reparar en los enunciados con lo que tratan de justificarse unas subvenciones, que no pueden encerrar sino el interés más siniestro de nuestros gobernantes, desde el momento en que no parecen que tales medidas se encaminen a la consecución del bien público, del bienestar del pueblo. Una de las preocupaciones centrales de Bentham consistió siempre en luchar contra tal interés, para lo que propuso toda una serie de medidas encaminadas a la consecución de un  buen gobierno, entre las que cabría destacar la exigencia de cierta aptitud o capacidad en los gobernantes, al mismo tiempo que la institucionalización de ciertos controles con el fin de evitar excesos como los narrados aquí.

¿Cómo es posible defender la necesidad de ahorro y en consecuencia disminuir, según la prensa, los ingresos de los empleados públicos en una media de 3.000 euros anuales y al mismo tiempo aprobar este tipo de subvenciones? ¿En manos de quién estamos?

De todas maneras, el anterior texto no prejuzga ni vincula las distintas opiniones que, legítimamente, puedan tener otros miembros de este Foro.

(*)  J. Torné-Dombidau, J. J. Jiménez Sánchez, J. Barcelona, L. M. Robles Velasco, J. Herrera González-Aurioles, J. Ramos Salguero, L. B. Moreno Quesada, C. Ruíz Cosano.