2º. Que el Estado y sus instituciones han sido sometidos a un innecesario, arriesgado e injusto proceso de intento de deterioro, fragmentación y división, bajo las irresponsables fórmulas de “aceptaré en Madrid lo que apruebe el ‘Parlament’” y “el concepto de nación es discutido y discutible”. No caben mayores errores políticos -cometidos por varias instancias de poder-  plasmados en la elaboración de un proyecto de estatuto que excedía ampliamente el marco constitucional de 1978, seguido de aprobación en las Cortes Generales y sometido, a sabiendas de su inconstitucionalidad, a referéndum del pueblo catalán. En un país serio y civilizado, la sanción política caería sobre las cabezas de los protagonistas de esta triste e indefendible historia jurídico-política.

3º. Aunque incompleto e insatisfactorio, el fallo desmonta la pretensión de un ‘Estat catalá’ en versión 2010. Las materias más ‘sensibles’ de la norma estatutaria han sido declaradas inconstitucionales: la definición de Cataluña como ‘nación’ (aunque el fallo se queda en el medio camino de aceptarlo aunque sin eficacia jurídica); el carácter preferencial de la lengua autóctona; el valor de los dictámenes del ‘Consejo de Garantías’; las funciones del ‘Síndic de Greuges’ (defensor del pueblo catalán); la pretensión de construir un Poder Judicial exclusivamente catalán y agotar en Cataluña las instancias judiciales en menoscabo del Tribunal Supremo de España; las convocatorias para jueces; se frena también el germen de  un Poder legislativo propio; se impide la creación de un sistema financiero al margen del estatal, así como, en fin, se anula por el TC un sistema de financiación incompatible con el general del Estado por romper la igualdad de las Comunidades y ciudadanos. Amén de todo ello, se obliga a las autoridades y ciudadanos a interpretar veintitrés artículos y cuatro disposiciones adicionales conforme a los respectivos FFJJ para que tales disposiciones se consideren constitucionales.

4º. Después de este saldo, nada favorable a veleidades independentistas y nacionalistas y sí a favor del respeto al texto constitucional de 1978, fundador del Estado de las Autonomías territoriales, el de mayor libertad y garantías de la historia de España, hay que concluir el fracaso de posturas políticas indefendibles como las que han sostenido el Gobierno Rodríguez Zapatero y sus socios durante más de cuatro años. Recordemos la frase según la cual “El ‘Estatut’ ha quedado más limpio que una patena”. Parece evidente que el cepillado no fue suficiente y ha requerido de un “afeitado”. Sólo así parece que las cosas comienzan a ponerse en su lugar.

5º. De todas maneras, lo peor es constatar que el daño a la convivencia ciudadana y a un clima de sereno ejercicio de derechos políticos, así como a la cohesión del Estado, en muchos aspectos, ha sido inferido sin remedio. La consecuencia ética es solicitar la renuncia al cargo de todos aquellos políticos que han llevado al pueblo catalán al error, emulando la vieja condena de la Grecia clásica: el ostracismo del gobernante responsable.

6º. Por último, es de resaltar que, tras esta esperada sentencia, sale ganando la Constitución de 1978 y, sobre todo, el carácter único del pueblo español, algo que ha venido reflejándose en todos los textos constitucionales españoles desde la Constitución de 1812, por muy distintos que fueran los regímenes políticos que han sido. El pueblo español es el único titular de la soberanía nacional. No hay más nación que la española  -que comprende a todos los pueblos de España-  y su unidad territorial indisoluble. Esperemos que los causantes de este desaguisado político-constitucional, remediado por el TC con este fallo, aprendan la lección, se dediquen a gobernar y a administrar y se abstengan de llevar a cabo aventuras que pueden conducirnos al género de la tragedia colectiva.